Es cierto que las empresas se dedican a hacer dinero, que es su objetivo prioritario. Pero existen algunas como Telefónica que además se dedican a robar a sus clientes.
Telefónica de España sigue siendo uno de los ISP (Internet Service Provider) más caros del mundo (lo dice la Comisión Europea), una de las operadoras de teléfonos que mejor extorsiona, una de las compañías con el mayor número de engaños camuflados en sus promociones comerciales (véanse los foros de Internet), uno de los negocios con menos escrúpulos a la hora de timar a la tercera edad –ancianos que abonan religiosamente cargos ficticios, desorbitados, por inercia–, una de las concesiones políticas más vergonzosas del orbe, consecuencia de una privatización increíble (el regalo de Aznar a Villalonga), etc.
Reclamar ante una factura fraudulenta de Telefónica es un viacrucis. Querer dar de baja un servicio es una tortura. El ADSL no da jamás los megas prometidos. Detrás de una fachada de voces y opciones pregrabadas, después de una pérdida de tiempo de varias horas, después de deshacer malentendidos entre diferentes teleoperadores que no se comunican entre sí y no mantienen un mínimo log histórico de las llamadas relacionadas con una misma causa, después de acabar indignada y frustrada la víctima (pues éste es el verdadero nombre que debería recibir el “cliente” en Telefónica), en la mayoría de intentos de reclamación la estafa se consuma, y los estafados –perplejos, estupefactos, desesperados– han de pagar, o bien verse abocados a la desconexión.
La lista de delitos del principal teleoperador del estado es larga, algo gravísimo en un país en crisis, en busca de soluciones estructurales para la economía y el empleo, en donde las telecomunicaciones –como mínimo– deberían ser tratadas con exquisito mimo, con escrúpulo de cirujano. Aquí, sin embargo, Telefónica mantiene la cuota burda de “poder” -presencia en el mercado- más alta entre todas las ‘telcos’ fruto de recientes o antiguas privatizaciones estatales (como France Telecom, Deutsch Telecom, etc.), de modo que “lidera” las telecomunicaciones en España. Pero este liderato es una mafia. Telefónica tiene secuestrado el mercado y al país entero, un país que año tras año permanece detenido por un freno invisible y terrible.
Esta percepción global negativa, nefasta, es de dominio público, lo sabe todo el mundo, la mayoría de la población lo dice, lo comenta, lo sufre… Y de nuevo los políticos españoles mantienen una actitud decepcionante. Es necesaria una decisión político-estructural contundente, firme, correctamente orientada, para acabar con el monopolio lastrante de Telefónica. Una de las secuelas de este “liderato” es que las operadoras competidoras caen también en abusos para cuadrar sus exiguos balances, pues siempre van con la lengua fuera, dado que compiten en desigualdad de condiciones.
Y está el problema letal del tráfico, no el de datos, sino el rodado, que satura las grandes ciudades del país. Los índices de contaminación urbanos en España, en ascenso galopante, nadie se atreve a publicarlos: es uno de los secretos mejor guardados de nuestras autoridades.
¿A qué juegan los políticos españoles?. Aquí, en las telecomunicaciones, se presenta una posibilidad clara de maniobra ante el desastre económico, ante el peligro medioambiental, en un país sin recursos energéticos, capado por la cazurrería casi congénita del ladrillo. Imaginemos mucho, elucubremos sobre una España con el acceso a Internet más barato del globo, o gratuito, con redes Wi-Fi también gratuitas extendidas por doquier, con una avalancha de comunicaciones fluidas y virtuales que evitarían la asfixia de nuestras ciudades, con nuevos “brotes” de iniciativas pedagógicas sobre la red, con miles de empresas jóvenes investigando sobre una infraestructura de conexiones libre…
[Palabra de Mono Blanco]
