(Abril 2015)
Las ideas más elementales son muchas veces las mejores. En el siguiente texto, Mercé Vilarrubias propone un kit de montaje ideológico básico, de sentido común, de perogrullo, para enfocar el problema (que no debería serlo) de las lenguas del estado. Un estado que debe erigirse en actor protagonista de un nuevo reparto de papeles y dar juego en el sentido excelente que se cita, pragmático propósito de Vilarrubias, aunque la autora olvida un detallito: ¡Madrid ha de pasar a un segundo plano!, o de lo contrario el problema se ‘reseteará’ una y otra vez… Es decir, la lata de siempre, el estado español sobrevivirá o no en el s. XXI -no es un tema especialmente afín a EMB-; pero si lo hace, tendrá que desempeñar roles activos como el que se indica en el artículo, y además no podrá estar obscenamente concentrado como actualmente…
Los nacionalistas se han erigido en los únicos amos del catalán
…los niveles de enfrentamiento, intolerancia y visceralidad a los que se ha llegado en materia lingüística llevan a pensar que es necesaria una intervención clara y decidida para intentar reconducir las cosas. Hay un acuerdo generalizado en que las lenguas son una cuestión que sigue sin abordarse satisfactoriamente y que es este uno de los escollos más grandes que tenemos para avanzar. Ha llegado pues el momento de pensar en una reforma en el campo de las lenguas.
Conviene recordar que el modelo actual se origina en el pacto constitucional de 1978, cuando se diseñó un mapa lingüístico de “bilingüismo territorializado”. Ello significó que las lenguas distintas del castellano serían oficiales solo allí donde se hablan y los gobiernos de las comunidades bilingües tendrían plenas competencias en la política lingüística de sus comunidades. Así, la Constitución fue generosa en sus predisposiciones lingüísticas con la idea de curar las heridas provocadas por el franquismo. Pero hay algo con lo que pocos contaban en 1978, esto es, que la legítima recuperación, revitalización y avance del catalán (y el vasco y el gallego) sería puesta enteramente al servicio del proyecto nacionalista, lo que llevaría a posicionar el catalán como la Lengua-Única de Cataluña. Gracias al diseño constitucional, los nacionalistas han podido elaborar la política lingüística que les ha convenido a ellos.
Desde la Transición, el modelo de bilingüismo territorializado ha evolucionado hasta llegar a la situación actual, a saber, que el nacionalismo es el único actor que habla en nombre del catalán y sus hablantes. Habla para decir que el Estado ataca el catalán pero más allá de lo que dicen, lo importante a señalar aquí es el hecho de que los nacionalistas sean los únicos que se sienten legitimados a hablar en nombre de esta lengua y sus hablantes. Al ser los únicos que la gestionan y representan, han adquirido el monopolio del discurso público sobre ella. En consecuencia, se han convertido en los amos del catalán. ¿Qué significa ser el amo de una lengua? Significa auto-erigirse en el único representante de esta lengua y en el único intérprete de los sentimientos de sus hablantes. Significa también ser el único que puede permitirse amonestar a los hablantes de otras lenguas. En España observamos cómo los nacionalistas catalanes llevan tres décadas dirigiéndose a los ciudadanos y gobiernos del resto de España con un discurso que les culpabiliza por ser hablantes del español y les obliga a sentirse acomplejados y temerosos cuando quieren expresarse sobre este tema. No solamente son los nacionalistas los únicos actores lingüísticos en Cataluña; lo son también en el resto de España. No existe otro actor lingüístico ni un discurso alternativo.
Frente a esta exclusividad sobre el catalán de la que gozan los nacionalistas, parece claro que un plan reformista debe incidir específicamente en esta cuestión: su monopolio del discurso y la gestión del catalán. ¿Cómo abordarlo entonces? Desde mi punto de vista, se trata de posibilitar la emergencia de un nuevo actor lingüístico, el Estado, el único que está legitimado a ocupar este lugar por ser el Estado de todos. A ello se añade que tiene una vía constitucional para poder hacerlo. El artículo 3.3 de la Constitución señala que “la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”.
¿Cuál debería ser este nuevo discurso lingüístico a elaborar e implementar? Un discurso de reconocimiento pleno de la diversidad lingüística de España; una práctica de integración de todas las lenguas españolas oficiales, el catalán, el vasco y el gallego, junto con el español en todas las instituciones y actos del Estado; una actitud de cercanía y complicidad hacia ellas y sus hablantes. El Estado sería pues este nuevo actor que también gestionaría las lenguas distintas del castellano y también representaría a sus hablantes, dentro de sus competencias, esto es, en las instituciones del Estado (no en las autonómicas ni municipales) conforme a modelos existentes en otros países de gestión federal de lenguas, como Canadá. Es este, sin duda, el posicionamiento de un Estado moderno, abierto e inclusivo.
Un proyecto en esta dirección es la Ley de Lenguas Oficiales, que propone hacer del catalán, el vasco y el gallego lenguas oficiales del Estado junto con el español, permitiendo así su presencia y uso en las instituciones y actos del Estado, sin perjuicio del carácter de lengua de trabajo del castellano. Es esta una propuesta realista y sensata, cuyos detalles hemos tratado en estas mismas páginas (Todas las lenguas de España, El País 1-XII-2014) y que estamos impulsando desde sectores reformistas de Cataluña. Es una propuesta hecha, claramente, no desde el victimismo ni para apaciguar a los nacionalistas sino desde la voluntad de mejorar el diseño territorial de España en el campo lingüístico.
Desde nuestro punto de vista, la Ley de Lenguas Oficiales aborda de manera muy precisa lo que he señalado como la cuestión clave en este momento en el tema de las lenguas: posibilitar la emergencia del Estado como el nuevo actor que también se hace responsable de las lenguas distintas del español. Y llevarlo a cabo de una determinada manera, esto es, no se trata de someterse una vez más a la aprobación o desaprobación de los nacionalistas sino de hacer algo totalmente distinto e inédito: que el Estado se autorice a sí mismo a hablar en nombre del catalán y las demás lenguas españolas. Y a poner en valor todo lo que de, he hecho, ya hace a favor de ellas, algo que actualmente es silenciado e ignorado. Para ser también gestor del catalán, el vasco y el gallego, y representante de sus hablantes, dentro de sus competencias, el Estado no necesita pedir permiso a los nacionalistas. Puede y debe actuar de forma independiente de ellos en la elaboración de este nuevo modelo de política lingüística federal, respetuoso con los derechos lingüísticos de todos. Con este modelo alternativo, radicalmente distinto del de los nacionalistas, tal vez podríamos llegar a percibir el plurilingüismo de España como una realidad positiva, una característica de nuestro país asociada a la modernidad, en su dimensión de aceptación de la diferencia y de saber hacer con lo diverso. Por ello, este debería ser el mensaje central del nuevo discurso: que el Estado reconoce plenamente a todas las lenguas oficiales de España y quiere integrarlas en sus organismos.
Este contexto favorable a la diversidad lingüística y la inclusión permitiría abordar la realidad del español como la lengua mayoritaria y común de España de otra manera. Actualmente hay miles de ciudadanos en las comunidades bilingües que creen de buena fe que el español es una “lengua opresora” y otros miles que no creen en las soflamas nacionalistas y están en desacuerdo con la política lingüística de sus comunidades pero no pueden expresarlo por temor a ser tildados de fachas y españolistas. Esta es la realidad del español en las comunidades bilingües. Pero, si el Estado se hace responsable de todas las lenguas de España, estará entonces en posición de poner en valor el español como la lengua común porque esta podrá ser visualizada por todos como una lengua común que no se opone a las otras lenguas españolas sino que convive con ellas en las instituciones del Estado y las considera sus pares. Los sistemas de inmersión lingüística obligatoria han tenido el pernicioso efecto de hacer de lo común –la lengua española- algo ajeno; tanto más fácil será deshacer este equívoco si logramos que lo hasta ahora propio –el catalán, el vasco y el gallego- sea también puesto en común. Ha llegado la hora de avanzar juntos como el país moderno y plurilingüe que somos y poder dejar atrás los nacionalismos anacrónicos con su exaltación de la Lengua-Única, sea esta la que sea.
[Palabra de Mono Blanco]